Partamos dejando en claro que el sistema democrático liberal, que hoy adoptan casi todos los países del mundo, se basa en tres premisas fundamentales: el derecho inalienable de los ciudadanos para elegir a sus gobernantes, la libertad de todos para emprender cualquier acción, productiva u otra, que se enmarque dentro de la normativa vigente y el respeto absoluto, garantizado constitucionalmente, por la propiedad privada de las personas.
¿Cuál de estos preceptos viola el timonel de la nación al ser propietario de una línea aérea, un canal de televisión o un equipo de fútbol? NINGUNO. Los ciudadanos seguimos siendo capaces de elegir a quien queramos para que nos gobierne, podemos realizar la actividad productiva o laboral que se nos antoje (incluso ser socio del presidente en alguna de sus iniciativas) y nada amenaza los bienes que poseemos.
Queda por analizar, evidentemente, el supuesto "conflicto de intereses" que se refiere al beneficio económico que el presidente podría tener al resolver asuntos del país que favorezcan particularmente a sus inversiones. Si bien esta situación es posible, cobra importancia mediática sólo bajo la mirada añeja del marxismo del siglo XIX que caricaturiza a los empresarios capitalistas como demonios que usufructan de la plusvalía del trabajo de la clase obrera. Las relaciones laborales han avanzado un largo camino desde esa época y ya no se dan en esas condiciones (si es que alguna vez se dieron).
En caso de que este presidente, o cualquier otro después, tuviera la mala idea de enriquecerse en su cargo, no preferirían todos saber cuáles son sus inversiones y cómo se beneficia para poder castigarlo después en las instancias correspondientes? Si tanto sus decisiones como inversiones fueran públicas, los organismos fiscalizadores pertinentes, los medios de comunicación y la opinión publica podría fácilmente pesquisar las faltas y castigarlas por la vía legal o electoral oportunamente.
Pero la situación actual es la siguiente: el sistema (políticos de oposición, algunos correligionarios, poderes fácticos,etc.) lo ha obligado a desprenderse de sus empresas más emblemáticas (equivocadamente porque no hay ley que lo establezca), pero no de su dinero. En estas circunstancias existe mucho mayor riesgo ya que hay menos información sobre dónde tiene sus bienes y cómo pudiera lucrar. Las críticas políticas de una oposición anacrónica en su discurso y dolida con la pérdida del poder han producido esta situación ilógica (el remedio es peor que la enfermedad) y han vulnerado el derecho del ciudadano Piñera de velar a su antojo por su propiedad privada.
Pareciera ser que Pizarro, Escalona, Rossi y cia. quisieran que nos gobernaran ascetas. Y se quedaron en la Grecia antigua con los discursos de Platón quien propuso que los gobernantes debieran ser de una casta social separada, alejada de tentaciones y educada exclusivamente para gobernar sin derecho a poseer ninguna clase de bienes. Así podrían dedicarse exclusivamente y sin distracción a tomar las mejores decisiones para su pueblo. Tan equivocado estaba que su aventajado discípulo Aristóteles lo desvirtuó completamente por desconocer la libertad de determinación inherente a la naturaleza humana.
