El comercio ambulante en La Serena, al igual que en todas las ciudades de Chile, es a estas alturas, un MAL endémico. Colman veredas, intersecciones y semáforos. Atochan el andar de personas y dificultan el tráfico de vehículos.
Los perjuicios causados por esta actividad al comercio establecido son conocidos. Venden copias de películas, discos, juegos y libros a muy bajo costo. No pagan arriendo ni son dueños del espacio físico que usan. No pagan impuestos al fisco chileno (evaden mas de US$ 150.000.000 al año). Todo esto provoca que tengan muy bajos costos de operación y por lo tanto pueden vender productos similares al resto del comercio a precios muy por debajo del promedio de mercado. Generan una ventaja competitiva a costa de infringir la ley.
Tambien se lesiona a los consumidores. Si bien un comprador puede pensar que está haciendo un buen negocio por lo módico del precio, lo cierto es que está dejando de recibir servicios anexos al producto de gran importancia como la certificación de seguridad, la garantía o el servicio técnico. Sin mencionar que infrige de igual manera la ley al comprar artículos pirateados al comercio ambulante.
El bien común y la seguridad ciudadana tambien sufren . En torno al comercio ambulante se construyen verdaderas mafias delictuales. Su función es producir (a veces copiando o robando) y proveer a los detallistas de los productos necesarios para el funcionamiento del negocio. Tambien deben "proteger" sus establecimientos del acecho de policías e inspectores. Así se mezcla el lumpen con el ciudadano honesto y trabajador.
¿Si las autoridades dicen reconocer estos perjuicios y manifiestan su intención de combatir la venta callejera con todas sus armas, porqué esta aumenta cada vez más?¿Es sólo discurso demagógico?¿Les asusta abultar las cifras de desempleo de su comuna?¿O generar protestas públicas?
Si hoy el comercio ambulante se beneficia de su capacidad de generar ventajas de costos, el deber de las autoridades es tomar medidas que las hagan perder esa capacidad. Sin duda que la fiscalización es la clave.
No cualquier fiscalización, sino una estratégicamente organizada y circunscrita a una zona geográfica específica (p.ej. "Calle Balmaceda entre E. de la Barra y Prat"). Durante un plazo determinado, Carabineros e inspectores municipales de civil deberán realizar detenciones y confiscaciones sorpresa. Estas deberán ser sistemáticas e ininterrumpidas durante el plazo fijado para el plan. Una vez terminado el plazo en la zona determinada, seguramente el comercio ambulante se trasladará a calles aledañas "más tranquilas". Entonces se deberá aplicar el plan en los nuevos puntos de aglomeración de vendedores callejeros. Las calles ya "limpiadas" deberán contar con una fiscalización menos intensa en frecuencias pero con el mismo modus operandi.
Si este plan se desarrolla ininterrumpida y cíclicamente, obtendremos el siguiente resultado: alza de costos de operación del comercio ambulante. Las continuas incautaciones de mercadería, multas a los delincuentes por infracción a la ley y el tiempo perdido en las detenciones harán que les sea más caro operar y por simple deducción económica, habrán "empresas que saldrán del mercado". Las claves son: circunscribirse a zonas delimitadas (para aprovechar los recursos) y mantener esto en el tiempo sin interrupción. Ambas iniciativas no se han realizado juntas. Así se creará en la mente del que quiera usufructar de este lucrativo negocio la expectativa negativa de ser atrapado y castigado, desincentivándolo de la idea comercial. Si sólo se implementa la fiscalización por breves periodos, el delincuente no internalizará la probabilidad de ser detenido y confiscado por lo que continuará con su ilícito.
Una última idea. No todo se debe dejar en manos de quien gobierna la comuna. Recordemos que no existiría mercado callejero si no hubiera gente dispuesta a comprar allí. Por lo tanto, somos los consumidores quienes debemos dar el primer paso y alejar esta lacra social y comercial con una medidad muy sencilla: no comprarles.
