Hay consenso en que Chile
necesita potenciar la educación técnica. Desde el punto de vista de la
economía, para contribuir a mejorar la competitividad y el desarrollo del país,
resulta clave generar una estrategia para mejorar la calidad y la cobertura de
la formación técnica. Por el lado del individuo, el que opta por la formación
técnica, enfrenta carreras más cortas, baratas y de mayor oferta laboral.
Además, enfrentan plazos de entre 4 y 6 meses para encontrar trabajo recién
egresados versus 1 año para los profesionales.
Si bien el Estado, en su rol
subsidiario, ha tomado medidas para potenciar la cantidad, calidad y cobertura
de matrículas técnico-profesionales en el mercado de la educación superior,
no ha hecho lo mismo con su rol de empleador, dejando de lado el uso de
una herramienta potentísima para influir en esta contingencia. La Ley 249 de
1973 y sus posteriores modificaciones, regula y ordena las remuneraciones del
sector público, pero sólo introduce un elemento monetario diferenciador para el
caso de los profesionales (la asignación profesional). En la práctica, el mayor
empleador de Chile, mete en un mismo saco a auxiliares, administrativos y
técnicos.
Según Dipres hay cerca de 200.000
funcionarios este año en las distintas reparticiones. Si por regla simple
estableciéramos que un 25% son técnicos, estaríamos hablando de 50.000 personas
que se podrían beneficiar de una modificación de la ley, mediante la
introducción de una Asignación Técnica. La asignación profesional
promedio para los grados 5 a 23 es de $200.000 Si la Asignación Técnica fuera
de un 50% de la anterior, el costo anual con estas preliminares cifras sería de
US$10.00.000 mensuales, US$120.000.000 al año.
El sueldo promedio de un técnico hoy bordea el $700.000 mensual. Con
la introducción de esta asignación, justa y motivadora, se aumentarían
contundemente los incentivos hacia la consolidación de la masa laboral técnica
que tanto necesita el país.
Creo que son evidentes las repercusiones electorales que pudiera tener una propuesta como esta, considerando la cantidad de manifestaciones por mejoras salariales en las reparticiones públicas.
